El acuerdo se firmó este 27 de septiembre de 2019 y tendrá una duración de 10 años. Entre otros objetivos, busca coordinar, proponer acciones y estrategias, para la recuperación de activos producto de la corrupción.

También está orientado a reforzar la capacidad de cada institución para elaborar técnicas de análisis estratégico de información, investigación, ejecución y seguimiento sistematizado. Además, establecer mecanismos que permitan unificar esfuerzos para el intercambio oportuno y el procesamiento de información.

El convenio establece el respeto a la autonomía, competencias y funciones de cada institución, en especial a la independencia judicial interna y externa.

Este acuerdo también fue firmado por las autoridades de la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la Procuraduría General del Estado, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República del Ecuador y el Centro de Inteligencia Estratégica.

El Consejo de la Judicatura tiene como su primer eje de acción la “Lucha contra la corrupción” y en este marco ratifica su compromiso firme y decidido para realizar un trabajo interinstitucional coordinado, con el fin de enfrentar este grave problema social.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN